Participacion ciudadada

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: CONCEPTOS, DIMENSIONES, OBJETIVO, CONDICIONES Y LÓGICAS

La participación ciudadana es un concepto regularmente empleado para designar un conjunto de procesos y prácticas sociales de muy diversa índole. De aquí, el problema o riqueza de su carácter polisémico. Problema porque la pluralidad de significados, en ciertos momentos, ha conducido a un empleo analítico bastante ambiguo. Riqueza, porque la multiplicidad de nociones mediante las que se ha enunciado ha permitido acotar, cada vez con mayor precisión, los actores, espacios y variables involucradas, así como las características relativas a la definición de este tipo de procesos participativos.

En términos generales, la participación nos remite a una forma de acción emprendida deliberadamente por un individuo o conjunto de éstos. Es decir, es una acción racional e intencional en busca de objetivos específicos, como pueden ser tomar parte en una decisión, involucrase en alguna discusión, integrarse, o simplemente beneficiarse de la ejecución y solución de un problema específico (Velásquez y González, 2003: 57).

De acuerdo con esta definición formal, aquello que llamamos participación ciudadana, en principio, no se distingue de otros tipos de participación por el tipo de actividades o acciones desplegadas por los individuos o colectividades involucradas. Este tipo de participación se acota como ciudadana porque es un proceso o acción que se define y orienta a través de una dimensión, una lógica y unos mecanismos político–sociales específicos.

Entonces, la participación ciudadana —aun cuando no pueda decirse que haya una concepción unívoca del vocablo— nos remite al despliegue de un conjunto de acciones (expresión, deliberación, creación de espacios de organización, disposición de recursos) mediante las cuales los ciudadanos se involucran en la elaboración, decisión y ejecución de asuntos públicos que les afectan, les competen o, simplemente, son de su interés. Entendida así, de entrada, podría afirmarse que ésta nos remite a un tipo de interacción particular entre los individuos y el Estado, a una relación concreta entre el Estado y la sociedad, en la que se pone en juego y se construye el carácter de lo público (Ziccardi, 1998; Álvarez, 1997; Cunill, 1991).

En este sentido, la participación ciudadana se distingue de la llamada participación comunitaria y de la social porque, aun cuando éstas también nos hablen de un tipo de interacción especial entre la sociedad y el Estado, los objetivos y fines de la acción que caracterizan a estas últimas, se ubican y agotan, fundamentalmente, en el plano social, es decir, dentro de la comunidad, gremio o sector social en donde acontecen (Álvarez, 2004; Cunill, 1991). Por el contrario, la participación ciudadana es una acción colectiva que se despliega y origina simultáneamente en el plano social y estatal. Esto es, no se trata de una acción exclusiva de una organización social; tampoco es una acción dada al margen o fuera de los contornos estatales, ni un ejercicio limitado por los contornos de la esfera social o estatal que la origina. La participación ciudadana es un tipo de acción colectiva mediante la cual la ciudadanía toma parte en la construcción, evaluación, gestión y desarrollo de los asuntos públicos, independientemente de las modalidades (institucional–autónoma) por las que esta misma discurra (Álvarez, 2004: 50–51).

Por último, la participación ciudadana se distingue de la participación política porque el conjunto de actos y relaciones supuestas en el desarrollo de la primera no están enfocados (exclusiva, ni fundamentalmente) a influir en las decisiones y la estructura de poder del sistema político. Es decir, aun cuando con el despliegue de estas prácticas ciudadanas se busca incidir en la toma de decisiones que constituyen el orden de la política y de las políticas,¹ se diferencian sustancialmente de las actividades políticas porque el conjunto de acciones, desplegadas desde este ámbito ciudadano, no pretende ser ni constituirse en poder político, ni busca rivalizar con éste. Aun cuando la participación ciudadana pueda concebirse como un canal de comunicación por el que discurren las decisiones que atañen a la competencia por el poder en un sistema político determinado (elección, sufragio); el alcance de dichas decisiones no está orientado a desplazar los órganos de carácter representativo, ni mucho menos constituirse en algún tipo de autoridad política (Pesquino, 1991: 18).

Dimensiones, objetivos, condiciones y lógica de la participación ciudadana

Según las múltiples definiciones planteadas sobre participación ciudadana, en primer lugar, podríamos ubicar aquellas que se centran en resaltar el espacio o dimensiones en el que acontecen dichas prácticas ciudadanas, así como los objetivos, condiciones y lógicas (autónomas y/o institucionales) que perfilan su realización.

Ciudadanía es la condición que se otorga al ciudadano de ser miembro de una comunidad organizada.

Si la ciudadanía es algo que remite a un proceso histórico, siempre vamos a estar hablando de una construcción de ciudadanía y de que haya también una reconstrucción constante de esa ciudadanía.

(Landau) ²​

La ciudadanía es la expresión de pertenencia que una persona tiene hacia una sociedad determinada en la que participa. En la tradición occidental el ciudadano es un conjunto de atributos legales y a la vez un miembro de la comunidad política, como explic.

Construyendo ciudadanía y participación

Ciudadanía y participación democrática

Empecemos por definir que es la ciudadanía y qué significa ser ciudadano o ciudadana en nuestra sociedad. Un ciudadano o ciudadana es una persona o un grupo que pertenece a una comunidad política, social y económica.

Nuestras sociedades humanas, o por lo menos parte de ellas, se fueron organizando en torno a la figura de un Estado, y este juega un papel fundamental como agente de cambio o de reproducción de los roles sociales de hombres y mujeres, así como en la reproducción o disminución de las desigualdades sociales.

Además, es desde el Estado que se determina el marco de derechos de los ciudadanos y ciudadanas, por lo que hablar de ciudadanía implica hablar de los derechos que tienen los ciudadanos y ciudadanas. Estos y estas tienen la posibilidad de participar en los beneficios de la vida en común y de disfrutar de derechos civiles, políticos y sociales, respetando los derechos de las demás personas y contribuyendo al bien común.

En la vida cotidiana encontramos muchas veces la idea de que los derechos sólo existen en el papel y que es muy diferente su intención y su aplicación. Sin embargo, la definición de los derechos y su aplicabilidad en la vida de las personas por ellos cobijadas, no pueden ser disociadas de la participación de los sujetos en la ciudadanía, tanto a escala individual como colectiva.

La forma en que el Estado ejerce sus funciones está relacionada con el concepto de gobernabilidad, defendido por varios organismos internacionales (1) como siendo la “capacidad de adaptación de los países al nuevo modelo de desarrollo, como con la capacidad de las sociedades de desarrollar equilibrios virtuosos (o por lo menos razonablemente estables) entre los sistemas económicos, políticos y culturales”. Sin embargo, este equilibrio se ha visto aplazado por la predominancia del sistema económico sobre los otros sistemas sociales, políticos, etc.

Es función del Estado regular el sistema económico teniendo en cuenta la protección social de sus ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, la política económica dominante, el neoliberalismo, debilita el poder del Estado fortaleciendo el sector privado y asegurando el predominio del mercado. Para restaurar el desequilibrio causado por el predominio del sistema económico frente a los sistemas sociales, políticos y culturales, es necesario que, por un lado, los Estados orienten sus políticas en el sentido de equilibrar la justicia y garantizar la democracia a todos los ciudadanos y ciudadanas y por el otro, que los mismos ciudadanos y ciudadanas participen en el sistema de gobernabilidad democrática, presionando para que exista un mayor equilibrio entre los diferentes sistemas, pues según Prats(2), la gobernabilidad es una cualidad de los sistemas y de las sociedades y no de los gobiernos.

El ejercicio de la ciudadanía se encuentra así articulado con la posibilidad de regulación y control de un Estado y con la posibilidad de incidencia directa en la regulación del sistema económico. En una democracia participativa y no sólo representativa, son las mismas sociedades que tienen el poder de tornar efectivas las decisiones del Estado, de lograr ejercer los mecanismos de control y de construcción de políticas públicas a nivel local y global.

“Un sistema de gobernabilidad democrática debería permitir que las reglas y normas sean producto de la participación, la deliberación, la confrontación de intereses y de modelos mentales entre actores que tienen en cuenta no sólo sus derechos e intereses sino también la estabilidad y avances en el orden global”.(3)

A lo largo del tiempo, las sociedades son cada vez más conscientes de que la participación ciudadana es fundamental para regular el Estado, para que este proteja los derechos de las personas. Así la ciudadanía es el resultado los derechos defendidos a través de la participación ciudadana, el resultado de lo que se puede construir entre todas las personas que habitan un determinado territorio, ya sea este la casa, el barrio, el municipio, el país, el continente o el planeta.